El Gobierno de coalición compuesto por el PSOE y Unidas Podemos ha anunciado su acuerdo para la nueva Ley de Vivienda, una normativa que plantea un mayor intervencionismo en el mercado inmobiliario y de alquiler. Arantxa Goenaga, abogada y socia del bufete jurídico Circulo Legal Barcelona, opina que es “un error limitar los precios, ya que el mercado se regula solo”, pero celebra medidas “incentivadoras” como la ayuda al alquiler para jóvenes.

El Gobierno de coalición introduce política social en España

El Gobierno de coalición compuesto por el PSOE y Unidas Podemos ha anunciado su acuerdo para la nueva Ley de Vivienda, una normativa largamente esperada y que plantea un mayor intervencionismo en el mercado inmobiliario y de alquiler, generando polémica en los actores del sector, pero sí que recibe una serie de apoyos a algunas de las medidas. Aunque el mismo Gobierno acaba de intervenir en el mercado de energía hacerlo en el vivienda parece más fuerte para muchos analistas, lo que tiene que ver también con la enorme riqueza que ha creado la especulación inmobiliaria española a gente de clase media solamente con comprar y vender y alquilar pisos. Arantxa Goenaga, abogada y socio del bufete jurídico Circulo Legal Barcelona aboga por una ley que “busque soluciones para las familias vulnerables” y “ayude a los pequeños arrendadores que son los que realmente poseen la mayoría del parque inmobiliario español”, a través de “incentivos”.

Ha empezado una lucha legal

Cómo ya pasó en Alemania empieza ahora una batalla legal sobre el tema liderado por los grandes interesados en este juego, que son los fondos de inversión. De este modo, Goenaga expresa sus dudas sobre algunas de las líneas maestras de esta nueva ley, empezando por la legalidad de la misma. La competencia estatal para dictar esta ley no está muy clara ya que las Comunidades Autónomas tienen delegadas las competencias sobre la vivienda y, por tanto, deben ser ellas las que aprueben la regulación”, apunta. Goenaga señala que esta Ley Marco puede servir para unificar criterios como que se entiende por gran tenedor, como ya hicieron en la normativa que aprobaron durante la pandemia.

Cada autonomía decide si lo aplica

Este punto es muy interesante porque así se promueva la competencia entre las autonomías sobre atraer capital y inversión, pero también talentos. La norma quedará, por lo tanto, supeditada al desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas del país. En este sentido, la abogada apunta a que también será de libre aplicación el índice de precios para las zonas de mercado tensionado. La buena parte es que se penaliza la vivienda vacía que desequilibra el precio del mercado, porque hay menos oferta. Mediante esta regulación, la ley plantea un recargo del IBI para penalizar la vivienda vacía. En este sentido, la abogada tilda como positivas las medidas de estímulos como "conceder beneficios fiscales a los pequeños arrendadores”, de modo que, en vez de castigo, tiene un beneficio poner en el mercado sus inmuebles o “la ayuda de 250 euros a los jóvenes durante 2 años para incentivar la emancipación”.