Recientemente se ha anunciado una subida salarial del 2% a los empleados públicos. Esto es una gran noticia para todos ellos y en especial para los investigadores predoctorales. El nuevo Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF) permite por primera vez que estos investigadores se beneficien de una subida salarial, ya que sus retribuciones mínimas se calculan ahora sobre la base del Grupo M3[1] (Máster o equivalente) del nuevo convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE). Sin duda, este aspecto del Estatuto ha supuesto una gran avance para los derechos de los predoctorales y es algo por lo que hemos luchado desde hace varios años en la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI-Precarios), por lo que lo celebramos de manera efusiva.

Lo que es bueno para unos no llega a otros

Sin embargo, y por paradójico que parezca, el salario de la mayoría de investigadores postdoctorales no se actualiza. Esto es así porque actualmente no existe en el convenio colectivo del personal laboral de la AGE una categoría que requiera la titulación de doctor, sino que la categoría más alta corresponde al título de máster (M3). Es por esta razón que no se puede hacer una equivalencia directa a un salario de doctor sobre el que calcular el salario mínimo de los postdoctorales de manera análoga a como se ha hecho con los predoctorales. Al no tener estatuto propio ni convenio laboral específico, los investigadores postdoctorales vienen sufriendo una verdadera situación de indefensión.Hablar un segundo idioma aumenta las posibilidades de encontrar empleo. inglés, chino, empleo, trabajo, job chance

Por una parte, destaca la pérdida importante de poder adquisitivo desde hace más de una década, como ya hemos señalado previamente en nuestro informe de 2018 sobre este asunto. Es increíble contemplar que, por ejemplo, los investigadores postdoctorales Juan de la Cierva y Ramón y Cajal (algunos de ellos referentes mundiales en sus campos de investigación) tienen menos derechos que otros de sus compañeros ya que no cuentan con un estatuto que les asegure un salario mínimo que se actualice anualmente como ocurre, desde hace menos de un año, con los predoctorales.

Cuando no todo lo que parece es bueno

Precisamente desde la aprobación de este estatuto se está dando una curiosa situación: actualmente, el sueldo de un investigador disminuye cuando pasa de ser predoctoral a ser postdoctoral con una ayuda Juan de la Cierva-Formación. Esta situación ilógica implica que no se esté valorando salarialmente la mayor formación y experiencia simplemente porque el gobierno no ha abordado todavía un necesario estatuto que garantice los derechos de los postdoctorales. A la vez, esto es nefasto para el mantenimiento de un sistema español de ciencia, ya que esta falta de competitividad en los salarios disminuye la atracción de talento internacional.




El gobierno debe poner solución a esta situación injusta, empezando por las convocatorias de todas las ayudas para contratos postdoctorales del Ministerio de Ciencia. El salario mínimo de estas convocatorias, que lleva congelado desde 2011, muchas veces es el máximo que se cobra ya que muchos centros no respetan el artículo 22.1.d de la Ley de Ciencia, en el que se establece que su retribución no podrá ser inferior a la que corresponda al personal investigador que realice actividades análogas. Esto provoca que ese salario pierda cada año poder adquisitivo ya que no está ligado, a diferencia del de sus compañeros predoctorales, a un convenio que se actualice periódicamente como el de la AGE.


Se necesitan más contratos dentro de los convenios

En resumen: a pesar de trabajar para centros públicos y estar contratados con fondos públicos, en bastantes casos los contratos de estos investigadores postdoctorales se han hecho fuera de convenio, por lo que quedan excluidos de las tablas salariales del personal de sus centros. Esta situación hace que incluso aquellos postdoctorales financiados por las ayudas más competitivas de nuestro país (como las Juan de la Cierva y las Ramón y Cajal) vayan a seguir percibiendo el salario mínimo estipulado en sus convocatorias, que está congelado desde 2011, y sin posibilidad de actualizaciones periódicas como las del resto de empleados públicos.