El Gobierno municipal de Ahora Madrid quiere un trato diferente para la prostitución tan extendida en la capital española. El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en el mes de julio de 2018 un ‘Plan Operativo contra la trata de mujeres y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución’. Tiene una vigencia de tres años (2018-2020) y cuenta con un presupuesto de más de cinco millones y medio de euros. Entre las iniciativas que se llevarán a cabo, destacan la creación de un centro de emergencia, el fomento del empleo, acceso a la vivienda pública, campañas de prevención y de educación afectivo-sexual.




No se puede eliminar la prostutición

Con él se quiere mejorar la detección, atención integral y protección de las víctimas de trata y prostitución coercitiva, así como los derechos de otras mujeres en contextos de prostitución. El Ayuntamiento niega una política punitiva, como es el establecimiento de la sanción para la prostitución, porque se trata de un problema social y de derechos humanos. En Madrid ya existe desde 2015 una norma que sanciona el ejercicio de la prostitución: la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC). Una ley que, para la delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, tiene “unas consecuencias negativas para las víctimas de trata y las mujeres que ejercen la prostitución. Las desplaza a ambientes más inseguros y dificulta enormemente el trabajo de mediación y de identificación de las víctimas de trata”.

Derechos para los que quieren

De hecho, las organizaciones sociales que trabajan en esta materia se han manifestado en contra de la aplicación de medidas punitivas entre ellas Concepción Arenal, Trabae, Aplec, Oblatas Madrid, COGAM, Cruz Blanca, Fundación Atenea y Colectivo Hetaira. Sus conclusiones son que aumenta el riesgo para las prostitutas, que se han presentado numerosas quejas sobre malas praxis, trato discriminatorio y vejatorio, y que sobre todo repercute negativamente en las víctimas de trata.



A este punto de vista de las entidades sociales hay que sumar el hecho de que los acuerdos internacionales para la prevención de la trata desaconsejan expresamente las medidas punitivas. El Grupo de expertos contra la trata del Consejo de Europa (GRETA) señala en un informe de 2013 su preocupación por el enfoque securitario que se emplea en España y hace una referencia explícita en contra de las ordenanzas municipales que implican sanción.