Hay el derecho constitucional a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio. Ni tampoco que otros derechos (como el “derecho a una vivienda digna”) no deberían satisfacerse a su costa. Asimismo, la okupación no solo perjudica a estos particulares, sino que tiene un impacto negativo sobre la seguridad jurídica, el urbanismo y las inversiones. Durante las últimas semanas hemos visto cómo los okupas han acaparado parte de la actualidad noticiosa.




Así, desde 2008 y con la crisis económica el movimiento okupa empezó a hacerse más fuerte. En concreto y según las cifras de condenados por el delito de usurpación de viviendas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2018 se dictaron 6.028 sentencias por este tipo de infracción y alrededor de 90.000 viviendas fueron okupadas en toda España. Actualmente y según datos a los que ha tenido acceso acierto.com, se calcula que la cifra ronda las 100.000.

Una práctica castigada por el Código Penal con multas de entre tres y seis meses y, en caso de violencia o intimidación, de uno a dos años de prisión. Por desgracia, los números continúan creciendo, y las zonas de costa y segundas residencias empiezan a situarse entre las más afectadas. La falta de movimiento ocasionada por el confinamiento y las calles poco frecuentadas podrían acabar agravando la situación. Tan grave es el asunto que el Congreso aprobó en 2018 una ley que permite el desahucio exprés (garantiza una sentencia en menos de 20 días). Y si bien los propietarios cuentan con un mayor respaldo judicial, el asunto económico es otra cuestión. Ciertamente no cada okupa es igual como quiere hacer querer Santiago Abascal, presidente de VOX.

Un proceso judicial puede suponer un gran desembolso: abogado, procurador, trámites jurídicos, etc. Por fortuna, existen seguros que contemplan estos supuestos. Hay el derecho constitucional a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio. Ni tampoco que otros derechos (como el “derecho a una vivienda digna”) no deberían satisfacerse a su costa. Asimismo, la okupación no solo perjudica a estos particulares, sino que tiene un impacto negativo sobre la seguridad jurídica, el urbanismo y las inversiones.