por Andrés Villena Oliver, economista y doctor en Sociología

En cada crisis, en cada recesión económica, el Estado del
Bienestar español demuestra tener una ineficiente capacidad para aliviar las situaciones de pobreza, pese a la importancia de la inversión en servicios públicos, especialmente educación y la sanidad públicas, las ayudas procedentes de los servicios sociales – que ahora están siendo tan importantes –, las transferencias a través de pensiones o las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia, entre otras.




EEUU nos enseña el peligro de los desigualidades

Una de las razones de las desigualdades más extremas – y la crisis pandémica refleja unos niveles de desigualdad enormes de manera aún más concentrada en espacio y tiempo – recae sobre lo que algunos denominan ‘el mercado de trabajo’, en definitiva, el ámbito laboral, el empleo. Para algunos expertos, los mayoritarios, tenemos un mercado ‘dual’, con trabajadores fijos de mayor edad y jóvenes que no llegan nunca a adquirir una posición estable, y que, en cada crisis, se van al desempleo sin apenas cobertura.

Todo esto redunda en una menor productividad, y en una debilidad de las inversiones productivas. Para dichos expertos es preciso caminar hacia un contrato único y más flexible para todos, como una suerte de pacto generacional.

Raramente se menciona, sin embargo, que España, desde el inicio de la etapa democrática, no ha perseguido nunca políticas de pleno empleo, primando otros objetivos como la estabilidad de precios, y más recientemente, unos ratios de déficit y deuda pública sobre el Producto Interior Bruto establecidos en el marco de la Unión Monetaria. Mientras el
desempleo parece ser la variable de ajuste en las crisis – es decir, con el
nivel de paro medimos la gravedad de nuestra situación social, en vez de con el nivel de déficit o deuda pública–, la pobreza se mueve de manera correlativa con cada ciclo económico y de destrucción de empleo.

El fraude fiscal es lo menos patriotico

Hay dos factores adicionales de suma importancia: por una parte, una gigantesca bolsa de fraude y elusión fiscal –calculada en unos 80.000 millones de euros al año– que el Estado no puede recaudar y que  representa una inversión fantasma, un monto de dinero que bien podría estar invertido en actividades de alta productividad y cualificación y que redundarían en una mayor inclusividad de la población española: mejores servicios públicos, Administraciones Públicas con mejor dotación de personal, un nivel de demanda de consumo que incentivara la inversión, la atracción de españoles y españolas bien formados que tuvieron que marcharse a otros países, etc.




Otro factor muy importante que marca la diferencia con otras naciones europeas avanzadas, especialmente con Alemania, es la ausente política de vivienda. Sin regulación apenas, la vivienda se ha convertido desde hace muchas décadas en un activo financiero con el que se especula y que produce unas plusvalías que consolidan estas situaciones de desigualdad crónica.

Si, por ejemplo, en este mercado de trabajo disfuncional, una persona de 25 años ingresa 1.200 euros netos al mes y tiene que pagar un alquiler de 780 euros mensuales, su salario real descontando el alquiler se ha quedado en 420 euros, un dinero que va directamente al consumo: el ahorro no es posible. Los servicios del estado de bienestar en materia de vivienda están, en este sentido, ausentes.

España necesita compromiso y acuerdos

Es necesario un auténtico pacto de Estado para superar todas estas situaciones y para consolidar una democracia social en la que los ingresos fiscales sean suficientes y los servicios públicos permitan que las personas puedan hacer una vida digna, contribuyendo, con ello, a un menor horizonte de incertidumbre y a un mejor capital humano, productividad, competitividad, etc.




En este sentido, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no supone la instauración de la Renta Básica Universal (RBU). Su finalidad es atender situaciones de emergencia como ya lo hacen los distintos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas con ayudas específicas de emergencia y con rentas mínimas
de inserción. Se trata de un salvavidas, de una transferencia que acabará
siendo permanente pero que no tiene una cuantía ni unas condiciones suficientes como para modificar drásticamente estas situaciones de pobreza.

Permitirá, no obstante, a las familias más afectadas poder mantener un nivel de dignidad –y de consumo– que, al mismo tiempo, ayudará a mantener a flote las ventas de las empresas. Pero el IMV no tiene el componente emancipatorio de una renta básica universal e incondicional.