de Ing. Andrés Caballero Martínez

Colombia, un país ubicado en la esquina noroccidental de la América Meridional, rodeado por 2 mares y 5 países, sigue siendo un territorio con una población mayoritariamente joven a pesar de la transición demográfica. Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la población colombiana ha pasado de 31 millones (1985) a 50 millones (2018), contrastada con una reducción en la proporción de las personas menores de 30 años de edad al descender de 66% a 51% en el mismo período de estudio.



Votar es deber para los jóvenes de Colombia

Además, la Constitución Política vigente desde 1991 establece respectivamente en sus Artículos 98 y 258 que todo colombiano o colombiana ejerce su ciudadanía a partir de los dieciocho años de edad, en cuyo fundamento se concibe el voto tanto como un derecho como un deber, lo cual ofrece un papel más protagónico para el segmento juvenil entre 15 y 29 años de edad frente a las situaciones políticas, sociales, económicas y ambientales que el país y cada una de sus regiones enfrenta, aprovechando los mecanismos de participación ciudadana definidos en el Artículo 103.



Su importancia aún es patente debido a las siguientes cifras y a pesar del fenómeno de transición demográfica, apenas cayendo del 30% en 1985 al 26% en 2018, sustentando favorablemente al Artículo 45 del documento legal citado, el cual expresa que tanto el Estado colombiano como la sociedad colombiana debe garantizar la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados encargados de la protección, la educación y la protección de la juventud.

La juventud colombiana, sus dolores y perspectivas

Más allá de las formalidades favorables a los jóvenes que el conjunto de leyes e instituciones escritas ofrece, existe una realidad que desafía los buenos propósitos, limita el impacto de los esfuerzos constructivos y contraviene el desarrollo y el bienestar del segmento involucrado.

De acuerdo con las conclusiones de un estudio adelantado por el Ministerio de Interior, el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y LAPOP-Barómetro de las Américas en 2016, existe en la juventud colombiana un desencanto por las actuaciones de la política local y una acentuada desconfianza con las instituciones de democracia representativa.

Los jóvenes de Colombia no encuentran trabajo

Paralelamente, el DANE reporta en mayo de este año 17,7% de desempleo en el segmento de personas entre 18 y 28 años de edad, en contraste con la tasa general de desempleo, calculada en 9,7% en aquel tiempo, a lo cual cabe sumar una elevada tasa elevada de subempleo, por encima del 50% de la población apta para trabajar.

El problema también representa la falta de integración entre el sistema educativo y el sector productivo, la preferencia cultural por las carreras profesionales, así como obstáculos para el primer empleo tales como el requerimiento de experiencia laboral han obligado a la mayoría de los jóvenes a recurrir a la economía informal o empleos precarios, es decir, de jornadas extensas, insuficiente seguridad social y salarios misérrimos, para sobrevivir, aparte de la emigración de los mejor calificados, la «fuga de cerebros» hacia los países más desarrollados.



La juventud colombiana se percibe ignorada por el común denominador de las autoridades políticas, económicas y sociales, sus iniciativas e ideas, apartado de la participación ciudadana como constructora fundamental de la sociedad. Sin embargo, la reacción de los jóvenes solo está fundada parcialmente si se observa el esfuerzo emprendido y los resultados alcanzados por los sectores público y privado, cada uno de los cuales es consciente de la gravedad económica y social de ignorar a los jóvenes del presente y sus historias.

Iniciativas públicas en beneficio de la juventud colombiana

Colombia, al igual que otros países en vías en desarrollo, ha sufrido de la «fuga de cerebros» desde hace varias décadas como consecuencia de la falta de oportunidades profesionales para los colombianos mejor calificados, minando la capacidad competitiva del país en los mercados mundiales y sus cadenas de valor, así como ralentizando su desarrollo económico y social en contraste con los países desarrollados y hasta con países latinoamericanos tales como Brasil, Chile o México.

Por otro lado, el fenómeno permite representar a parte de la sociedad colombiana como un conjunto de dos elementos funcionando a dos velocidades, un sistema educativo orientado a la formación de técnicos y profesionales con alto valor agregado y un sistema productivo creado para aceptar técnicos y profesionales poco calificados, en cuyo caso local se ha reflejado en los técnicos especializados y profesionales obligados a trabajar como agentes de call y contact center, barrenderos, empacadores, publicidades ambulantes, vendedores, encuestadores y otras actividades más propias de recién egresados de la educación media, además del fenómeno de los «ninis», jóvenes de bajo nivel educativo y escasos recursos económicos que no trabajan ni estudian.

El talente huye de Colombia

Bajo este contexto, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - dependencia gubernamental colombiana más conocida como Colciencias - impulsa «Es tiempo de volver» con la ayuda de empresas públicas y privadas aliadas en 2015, un programa de repatriación y reinserción laboral de colombianos residentes en el exterior y con títulos de maestría y doctorado en áreas de ciencia y tecnología para mitigar las funestas consecuencias de la «fuga de cerebros», es decir, el rezago del país en la generación de conocimiento y la investigación aplicada, obteniendo resultados mixtos por deficiencias de planificación y ejecución por parte de la organización pública, cumpliendo su compromiso con una parte de los candidatos repatriados.

Si bien el gobierno colombiano ha aumentado el presupuesto anual para la educación de € 8.253 millones ($ 20,8 billones) en 2010 a € 10.907 millones ($ 37,5 billones) en 2018 , establecido la gratuidad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media a nivel de las escuelas públicas, programas públicos para la educación continuada de los mejores docentes del país, ampliado de la cobertura de educación superior en 850.000 cupos entre 2010 y 2017, así como el número de instituciones acreditadas por su calidad académica de 19 (2010) a 52 (2018), además de una mejora significativa en la tasa de vinculación laboral de los técnicos egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, instituto público dedicado a la educación técnica y la capacitación de trabajadores operativos – del 35% (2010) al 68% (2017) gracias a un plan de modernización curricular con énfasis en las habilidades más demandadas en el aparato productivo local, y desarrollando el programa «Ser Pilo Paga» para financiar el acceso a la educación superior de 40.000 egresados de la educación media con excelente rendimiento académico y escasos recursos económicos desde 2015.

Los programas de empleo no funcionan

Cada de estos progresos no ha contribuido significativamente a la reducción del desempleo y subempleo juveniles, amparada por una afectación cultural denominada «doctoritis», descrita como la preferencia muy marcada por las carreras universitarias, asociadas con riqueza, y el desprecio por las carreras técnicas, asociadas con pobreza y que lleva al exceso de universitarios y la falta de técnicos. No está de sobra afirmar que la institución ejecutiva del país ha construido un marco legal preliminar en los temas del primer empleo, el emprendimiento y la participación política activa de los jóvenes.


Primero, el Congreso de la República de Colombia aprueba la Ley 1429 de 2010, la cual pretende la formalización y la generación de empleos a partir de incentivos a la formalización de las pequeñas empresas considerando los costes elevados asociados al desarrollo empresarial formal, en el cual se dicta que el emprendedor menor de 28 años de edad puede recibir beneficios especiales si su empresa contribuye a la formalización y generación de empleos, y descuentos tributarios para todo empresario formal que contrate empleados menores de 28 años de edad, cuestión que es reglamentada parcialmente por la Presidencia de la República con el Decreto 4910 de 2011.

Segundo, el ente legislativo expide la Ley 1780 de 2016 (Figura 6), estableciendo exenciones tributarias para el emprendedor menor de 28 años que registre mercantilmente su empresa y la relajación de requisitos profesionales para toda persona menor de 28 años sin experiencia que tenga interés de vincularse laboralmente en empresas públicas, sea para realizar prácticas profesionales u obtener un empleo.

Iniciativas privadas en beneficio de la juventud colombiana

En contraste con las iniciativas del estado colombiano y sus entidades, el sector privado ha mostrado actuaciones más tardías y algo parcas; aun así, lo mostrado hasta la fecha se constituye en dos precedentes importantes, posibilitando la modificación de la visión analítica de los jóvenes colombianos y sus problemas desde una perspectiva tradicional, marcada por el estatismo y el asistencialismo, hacia una más moderna, esto es, más societaria y concentrada en el empoderamiento de individuos.
Primero, la multinacional suiza de productos alimenticios Nestlé ejecuta el programa de responsabilidad social «Iniciativa para los Jóvenes» entre 2015 y 2018.

Según información oficial de la iniciativa, la sede colombiana ha empleado directamente a 600 personas - aprovechando los beneficios del programa «40.000 primeros empleos», ofrecido 600 plazas de práctica profesional y 110.000 orientaciones vocacionales con énfasis en empleabilidad, capacitado técnicamente a 1.100 personas con el propósito de promover su integración eficaz al mercado laboral, esfuerzo que ha sido prorrogado hasta 2020 con el ofrecimiento de nuevas oportunidades a 30.000 jóvenes de Chile, Colombia, México y Perú. Paralelamente, esta compañía internacional ha establecido recientemente un convenio con el SENA para potenciar la formación, la empleabilidad y certificación en competencias laborales a jóvenes de zonas afectadas por el recién culminado conflicto armado.



Segundo, Arcos Dorados, la mayor franquicia latinoamericana de la cadena estadounidense de comidas rápidas McDonald’s está promoviendo desde 2017 la campaña de responsabilidad social «Creemos en los jóvenes», en cuyo caso colombiano ha relajado barreras para el acceso al primer empleo por parte de los «ninis», cada uno de los cuales recibe el complemento de jornadas de capacitación en habilidades blandas para su óptimo desempeño.

Horizontes para los jóvenes de Colombia

El recuento de los hechos deja un registro patente de los desafíos y las frustraciones que enfrenta el conjunto de los jóvenes colombianos y los esfuerzos impulsados por diversos actores e instituciones de la sociedad, cuyo conocimiento de la situación es innegable, pero cuya capacidad ejecutoria se halla bastante mermada por enfrentar un problema sistémico con un enfoque demasiado individual o escasamente cooperativo, cuando la asociación entre empresas, instituciones educativas y estado tienen una importancia fundamental. Además, cada una de las soluciones que la sociedad permita debe propender por el empoderamiento de los jóvenes hacia la construcción de sus propios proyectos de vida a partir de su experiencia, sus conocimientos e intereses.



Un hecho incontrovertible es la mayor disponibilidad de empleos operativos, apropiados para personas con carrera técnica, en comparación con aquellas actividades para profesionales universitarios, cuya desproporción contribuye a las altas tasas de desempleo juvenil y es alimentada por costumbres bien arraigadas entre la población. A ello puede recurrirse a la estrategia de que todo egresado de la educación media deba pasar por una carrera técnica y un examen de competencias como requisitos para acceder a una carrera universitaria, eliminando o al menos difuminando la asociación clasista entre las etapas de la educación superior.

Por otra parte, el acceso a la educación de calidad es aún un tema pendiente pese a esfuerzos loables como el programa «Ser Pilo Paga», el establecimiento de la jornada única o la gratuidad en algunas instituciones públicas de educación básica y media. Otra causa bien conocida de tan indeseable indicador es el requerimiento de experiencia laboral, que bien puede solucionarse aplicando un modelo de educación técnica similar al sistema dual alemán y el recurso de las prácticas profesionales como requisito para adquirir el título de educación superior.

El subempleo es tanto o más grave que el desempleo juvenil pues contribuye a un desfinanciamiento de los sistemas de protección social (salud, educación, infraestructura, pensiones, por ejemplo) y que obliga a revisar las políticas públicas ante el riesgo de la existencia de subsidios, exenciones o costes que desincentivan a las personas y las empresas a abandonar la economía informal.

Hay que reformar el marco legal concerniente al trabajo, el comercio y las relaciones civiles con el fin de eliminar impuestos, tasas y contribuciones anacrónicas o redundantes, reducir el monto de aquellas razonables, ampliar la base gravable y mantener en funcionamiento las instituciones públicas con el menor número posible de personal, haciendo más atractivo y menos riesgoso el emprendimiento y la generación de empleos formales y bien remunerados, permitiendo la transformación de Colombia en un territorio más competitivo e incluyente.