La actual legislatura ha sido nefasta desde el punto de vista de la investigación en España. Durante estos últimos tres años, se ha maltratado e ignorado de forma intencionada al ya paupérrimo sistema investigador español.

En un principio, esta era la legislatura del Pacto por la Ciencia. Evidentemente, quedó en saco roto. En lo que respecta a los objetivos planteados en política científica, prácticamente ninguno ha sido cumplido. La recuperación económica de la que presume este gobierno no se ha visto reflejada en la inversión en I+D+i, que continúa en retroceso, representando únicamente el 1,19% sobre el PIB (lejos del objetivo de la UE del 3%).


España no invierte lo suficiente en investigación

Además de la falta de fondos, aquellos que se destinan a la investigación no se utilizan en su totalidad. La ejecución del presupuesto en el último año ha sido únicamente del 29,7%. La política científica de esta legislatura ha brillado por su ausencia. Los recortes acumulados desde 2009, así como la falta de planificación de los recursos humanos en las entidades públicas como OPIs y universidades han contribuido a que, aún siendo la generación de investigadores/as más preparados, se ven obligados a dejar la carrera investigadora o a marcharse al extranjero.

No hay plan para investigadores

Un ejemplo claro de esta falta de planificación es el retraso de las resoluciones definitivas de las convocatorias de contratos predoctorales de Formación del Personal Universitario y de Formación del Personal Investigador, dependientes del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, respectivamente.

Este incumplimiento de las convocatorias hace imposible para el colectivo cualquier tipo planificación laboral, obligando a los candidatos a abandonar la carrera investigadora, además de fomentar la fuga de cerebros y desincentivar la atracción de talento extranjero.



El investigador en formación sufre

Las afrentas al colectivo han sido reiteradas, desde la denegación de la Tarjeta Sanitaria Europea hasta el cambio del código de los contratos de la mayoría de los jóvenes investigadores/as. Una de las piezas fundamentales para la resolución de muchos de estos conflictos pasaba por la redacción del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que en concordancia con la Ley de la Ciencia, debería estar desarrollado e implantado desde el año 2014.

Frente a este escollo, este gobierno no ha hecho más que crear trabas para evitar que fructificaran las negociaciones, ralentizando el proceso durante meses para luego acelerar su trámite sin llegar a un consenso completo con las distintas partes. Además, en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, la mejora es nula. La aportación de los mismos a la I+D+i es claramente insuficiente, ya que no compensa los brutales recortes sufridos año tras año por parte de este gobierno.



Estamos en un momento crítico para los investigadores y para toda la sociedad en su conjunto. Si se continúa en esta línea, nuestro país habrá perdido la senda del progreso europeo. De esta manera es imprescindible, tanto para el colectivo de jóvenes investigadoras e investigadores como para el progreso de la sociedad, que este gobierno dé un paso atrás y que recoja el testigo un ejecutivo que tenga como prioridad la I+D+i. Es decir, el progreso de nuestro país basado en el conocimiento.