La actuación del sector público a través de impuestos y prestaciones monetarias reduce la desigualdad de las rentas de mercado en torno a un tercio. Más del 90% de este efecto redistributivo proviene de las prestaciones monetarias públicas (especialmente las pensiones) y sólo una pequeña parte de los impuestos. El efecto redistributivo de los impuestos, a su vez, proviene fundamentalmente del IRPF, mientras que los impuestos indirectos tienen efectos regresivos.

Los hogares pertenecientes a los cuatro primeros quintiles de renta (esto es, el 80% de los hogares con menor renta bruta), son beneficiarios netos de la intervención pública, es decir, soportan una carga impositiva inferior al subsidio que reciben en forma de prestaciones monetarias. Los hogares integrados en el último quintil (el 20% con mayor renta) son contribuyentes netos a la Hacienda Pública.




Faltan más medidas

Tanto el nivel de desigualdad como las contribuciones a su reducción de los distintos instrumentos de actuación pública muestran una considerable estabilidad durante el período cubierto por el Observatorio (que se inicia en 2013), observándose quizás una ligera tendencia a la mejora a partir de 2015. Así, un 27,4% de los hogares andaluces se sitúa en el primer quintil de renta nacional (el 20% de menores ingresos en todo el país), lo que supone un 137% de la media nacional (que por definición es el 20%) o un índice de concentración de 137.




En Madrid, sin embargo, la fracción de los hogares que se encuentra en ese mismo tramo de renta es claramente inferior a la media nacional, con un índice de concentración de 70. Como cabría esperar, la relación se invierte en el otro extremo de la distribución: si nos centramos en los tramos de mayor renta, su peso es mayor que la media nacional en Madrid e inferior en Andalucía.