Salvo para libros, textos y artículos, los derechos de autor recobran importancia en los últimos tiempos, entre otras cosas, por el interés de un lobby de juristas que prevé un jugoso negocio en las reclamaciones de los derechos audiovisuales o musicales. En España, los derechos de autor provocan polémica desde hace tiempo. De hecho, no hace mucho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por abusar de su posición de dominio en la gestión y explotación de los derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales. El importe de la sanción se eleva a 2,95 millones de euros (S/DC/0590/16).

Cuando no gana el mejor

Además de la sanción de la CNMC, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de la SGAE contra la sentencia favorable a las editoriales Atresmedia y Mediaset que anulaba el reparto de derechos de autor aprobado por la junta directiva en noviembre de 2017 y que se ejecutó en diciembre de ese mismo año.

La investigación de la CNMC se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades de gestión Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) y Unison Rights. La conducta ilícita se produjo en varias actuaciones desarrolladas por la SGAE en aquellos mercados en los que ocupa una posición de dominio, bien por poseer una mayor cuota, bien por ejercer prácticamente como un monopolio. Concretamente, se trata de los mercados de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales y de los mercados de concesión de autorizaciones y remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública sobre las mismas obras.

La imposición de condiciones contractuales a los autores

En primer lugar, la SGAE ha abusado de su posición de dominio al imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que restringen injustificadamente la libertad de sus socios para decidir si le atribuyen o le retiran en parte la gestión de sus derechos. El abuso se produce tanto en el momento de la atribución inicial de la gestión como a lo largo de la vigencia del contrato, puesto que se impide la retirada parcial de parte de los derechos. En ambos casos, el autor se ve obligado a atribuir a la SGAE la gestión de la totalidad de sus derechos de propiedad intelectual. Es decir, el autor no puede decidir libremente si desea atribuir a la SGAE la gestión de solo una parte de sus derechos, ya que la sociedad agrupa previamente los derechos en determinadas categorías a través de sus estatutos y no permite que sean administrados por separado.



La máquina de dinero de los conciertos de la tele

La SGAE también ha abusado de su posición dominante en la concesión de autorizaciones y en la remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública de autores y editores de obras musicales y audiovisuales. En este caso mediante dos actuaciones: la venta conjunta (paquetización) de autorizaciones de reproducción y comunicación pública de los derechos de propiedad intelectual y la ausencia de desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical. La venta conjunta se produjo tanto en el sector del hospedaje como en el sector de la restauración. De este modo, al no existir tarifas desglosadas para el repertorio audiovisual y musical, el usuario (el restaurante u hotel con aparatos de reproducción musical o audiovisual) no podía conocer los costes reales en los que incurría por su utilización y, por tanto, tampoco podía comparar esas tarifas con otras posibles ofertas de eventuales competidores de la SGAE.

Además, la venta conjunta en paquetes obliga a cualquier establecimiento de hostelería o de restauración que desee ofrecer contenido musical a sus clientes a adquirir en el mismo acto los derechos audiovisuales. SGAE es el único operador que ofrece derechos de reproducción y comunicación pública de fonogramas o contenidos musicales, por lo que impide ofertas alternativas de otras entidades de gestión u operadores del mercado.

Tanto la venta conjunta y sin desglose de tarifas como la aplicación de las categorías de derechos que impiden la gestión separada de los mismos obedecen al objetivo de fortalecer la posición de la SGAE y dificultar la entrada de otras entidades de gestión alternativas. En definitiva, estas conductas han impedido la entrada y expansión de nuevos operadores en los mercados de gestión de derechos de propiedad intelectual de autores y editores e igualmente han generado distorsiones en la actividad de los mercados de hospedaje y restauración.

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