La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha alertado sobre la posible llegada de un conflicto social si no se soluciona la carencia de ingresos mínimos en numerosos colectivos que se sustentan gracias a la economía informal y que, en estos momentos, se encuentran al margen de las ayudas del Gobierno. La organización plantea la aplicación de una Renta Básica, como mecanismo para garantizar los mínimos vitales de numerosas personas y evitar así la grave crisis social que se avecina.



Renta básica como lección de la crisis

APDHA augura que, si no se ponen medidas para frenarla, la irrupción del coronavirus va a provocar una profunda crisis socioeconómica y muchas personas caerán en situación de exclusión social. La asociación se cuestiona qué va a ocurrir con las personas que dependían de la economía informal o de pequeños ingresos ocasionales, “qué va a ocurrir con las personas empleadas de hogar, las cuidadoras de personas dependientes, aquellas empleadas en la venta ambulante, la recogida de chatarra o con otros trabajos precarios, aquellas jóvenes con pocas horas dadas de alta, las migrantes que trabajan en campos agrícolas alojadas en misérrimos asentamientos chabolistas, aquellas internadas en los CIE o las personas sin hogar.

¿Quién protegerá su salud y sus ingresos?”

A raíz de la crisis del 2008, recuerda APDHA, el Estado aportó 65.000 millones de euros para el rescate bancario, cuya gran mayoría nunca fue devuelto. “Ahora es el turno del rescate social, de la verdadera solidaridad más allá de llamativas declaraciones.
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No de la dádiva a través de donaciones o aportaciones”. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía propone, además, la paralización de los desahucios, la suspensión del pago de los alquileres y servicios a las personas y pequeños comerciantes castigados económicamente por la crisis y sostener el gasto social -no sólo el sanitario-, sufragado con impuestos especiales sobre las grandes empresas y fortunas que salen indemnes de esta crisis.



APDHA manifiesta su preocupación sobre la gestión de la crisis porque “no puede tener como primera medida mecanismos autoritarios que contradigan derechos y libertades básicos, sino medidas solidarias y participativas de colaboración comunitaria”. La asociación explica que sin justificar ni promover la ruptura del confinamiento, hay que entender que en la situación actual, el ‘Quédate en casa’, es un privilegio difícil de aplicar con rigurosidad a familias de varios miembros que viven en 35 metros cuadrados sin los medios y capacitaciones digitales suficientes y que no tienen ingresos ni ayudas sociales básicas.

Estas circunstancias, critican, “conviven con miles de pisos en manos de especuladores financieros que los mantienen vacíos al tiempo que nos hablan de solidaridad”. Es responsabilidad de los Gobiernos competentes, increpan desde APDHA, atender y revertir esta cuestión, y decidir junto a quiénes van a estar.