En 2018 el número de concursos se mantiene estable alrededor de los 3.600, con una disminución del total de pasivos incursos en dicho procedimiento (-7,9%). La concursada típica pertenece al sector servicios (no inmobiliarios), inicia el procedimiento con doce años, tiene contratados 6 empleados y un pasivo cercano a los 400.000 euros (frente a los casi 600.000€ de 2015, o los 900.000€ de 2014).

Las sociedades del ciclo de la construcción suponen un 25,8% del total de la muestra (30,1% en 2016, 27,3% en 2017), perteneciendo al sector de servicios no inmobiliarios el 59,4% de las concursadas. En 2018, ya consolidada como una característica estructural del procedimiento, y con una tendencia creciente, la opción habitual tras la fase común es la liquidación (94,3% de los casos). Y en más de 1.150 casos se produce la conclusión del concurso simultáneamente a su apertura por insuficiencia de recursos para costear el procedimiento.

Duración del concurso

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en el 62,3% de los casos (61,6% en 2017, 57,6% en 2016), mientras que en los ordinarios es un 54,6%, lo que supone una mejora evidente respecto a 2017 (38,5%). Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en el caso de los concursos voluntarios (solicitados por el deudor). En 2018 se ha estimado que el concurso típico abreviado tarda 937 días en concluir (990,5 en 2017), mientras que los ordinarios requieren de 2.009 días (1.698 en 2017). La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.